Cartañá Abogados y Consultores, ha creado un procedimiento ágil y efectivo para poder ayudar a implantar en sus clientes el Canal de Denuncias que debe existir en las empresas de más de 50 trabajadores, según ordena la Ley 2/2023, de 20 de febrero.

El canal de denuncias interno en las empresas, o canal de información, es una herramienta que permite detectar comportamientos irregulares o ilícitos dentro de la propia empresa. Es una herramienta que permite un control del cumplimiento normativo sobre normativas nacionales o internacionales vigentes o contra la propia normativa interna de la empresa. A través del canal de denuncias interno, cualquier miembro de la empresa y cualquier persona externa, pero vinculadas a la misma (proveedores, clientes, asesores), pueden denunciar dichos comportamientos, para que el correspondiente órgano o comité tramite y, en su caso, investigue las denuncias recibidas.

El canal de denuncias interno es una herramienta esencial de cualquier plan o programa de compliance o cumplimiento normativo y un requisito del plan de prevención de delitos penales, tal y como recoge la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción y el artículo 31 bis del Código Penal. Por ello, la relación entre canal de denuncias y compliance es evidente, sin el primero tendríamos un sistema de gestión de compliance insuficiente y, seguramente, ineficiente.

Es imprescindible coordinar el canal de denuncias con el resto de canales de información interna, como puede ser el canal de protección de datos, donde el Delegado de Protección de Datos recoge las solicitudes de ejercicios de derechos, el canal de consumidores, para las reclamaciones sobre las ventas o los productos o sobre el canal de acoso, donde se recogen las reclamaciones sobre problemas de género. Normalmente esta coordinación se realiza a través de un Responsable de Canales de Información en las empresas.

La implementación de un canal de denuncias, además de ser una obligación legal para las empresas públicas y para las empresas privadas de más de 50 trabajadores, ofrece una serie de ventajas a las organizaciones, entre las que destacamos:

• Una detección temprana de conductas ilícitas.
• Contribuye a reducir el impacto negativo en la reputación e imagen de la empresa y puede atenuar o eximir la responsabilidad penal de la misma.
• En el caso de denuncias anónimas, aumenta las posibilidades de que más miembros de la empresa recurran a este medio para denunciar conductas ilícitas.
• La investigación y sanción interna permite resolver problemas dentro de la empresa, sin llegar a los tribunales lo que minimiza el impacto en la reputación de la empresa.
• Favorece y promueve una cultura ética y transparente dentro de la empresa.